Soy una persona que cree firmemente que en la educación se encuentra una de las puertas principales para iniciar el camino hacia la conquista de la paz y la prosperidad en nuestro querido México.
He aquí un aspecto muy importante que tenemos que conocer y considerar sobre la educación y el porqué no podemos avanzar si no enfrentamos y solucionamos esta situación.
Por Alberto Serdán
Cuántas veces se ha dicho que buena parte de los problemas de un país se resuelven con educación? Otra pregunta recurrente es: ¿por qué si hoy hay más alumnos en las aulas y destinamos a la educación el mayor presupuesto de la historia así como la mayor cantidad de recursos humanos, México no mejora?
Calidad educativa: ¿cuestión de dinero?
En educación, un problema fundamental se llama calidad: 7 de cada 10 alumnos de secundaria ven una hoja escrita y no entienden lo que dice. 8 de cada 10 alumnos de secundaria tienen conocimientos elementales o insuficientes en matemáticas. Sólo 1% de los alumnos de educación básica alcanza niveles óptimos acorde con la prueba nacional ENLACE.
El dinero puede ser un factor, pero comparado con 1994 México duplicó su presupuesto educativo en términos reales para 2010. A la educación pública se le destinaron ese año 656 mil millones de pesos.
Sin embargo, acorde con la Secretaría de Educación Pública (SEP) las escuelas se encuentran en un estado lamentable: 2 de cada 10 no tienen agua corriente; 3 de cada 10 no tienen electricidad; 6 de cada 10 no cuentan con drenaje; 7 de cada 10 están sin áreas deportivas; 8 de 10 sin teléfono; y 9 de cada 10 no tienen laboratorios. Las necesidades son evidentes, los esfuerzos por dotar de un mayor presupuesto a la educación, también.
Como en otros países, México destina su gasto al pago de sueldos y salarios. Es normal. Brasil envió cerca de 66% de su gasto educativo a estos rubros entre 2007 y 2009; Chile priorizó el 69%. México destinó a los servicios personales el 91% de su gasto en el periodo de referencia. De esta manera, cualquier incremento presupuestario es devorado por la burocracia magisterial.
Contar con maestros bien pagados, con buenas prestaciones, es básico para una educación de calidad: si queremos a los mejores maestros de las aulas, hay que pagarles correspondientemente bien. Sin embargo, acorde con la OCDE, en 2009 los maestros mexicanos de secundaria ganaban más en términos reales que sus pares de Grecia, Suecia, Israel, Eslovania, Islandia, Chile, República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovaquia.
¿Y los maestros, son mejores en las aulas? Acorde con el Instituto de Evaluación para la Educación (INEE) 6 de cada 10 profesores reprueban sus cursos de actualización, mientras que el Examen Nacional de Habilidades y Conocimientos 2011 muestra a mil 290 docentes actualmente en servicio (y que buscaban obtener una plaza permanente) con una calificación que no llegó a 3 (en escala de 0 a 10) el cual era el mínimo para ser elegible como maestro (volveremos a esto más adelante).
Un ejemplo perturbador lo da el estado de Morelos, donde 61% de los directores de las escuelas de educación básica tienen menos de la mitad de las aptitudes requeridas para ser maestro por el catálogo de escalafón, 58% tiene un grado menor a la licenciatura, 44% no cubre los mínimos de puntualidad y asistencia, pero 97% de ellos tiene más de diez años de servicio. En Finlandia, ejemplo mundial en el ámbito educativo, obligatoriamente los profesores deben cursar tres años de licenciatura, una maestría de otros dos años y sólo un pequeño grupo es seleccionado para dar clases, ya no digamos para ser directores.
“Zapatero a tu zapato”, maestro a tu ¿comisión? El poder del SNTE
Así, no sólo tenemos maestros mal calificados sino que no todos están en el salón de clases. Acorde con la organización Mexicanos Primero, México cuenta con 21 mil 758 profesores “comisionados” en la educación pública, es decir, maestros que cobran su sueldo pero que no están al frente de las aulas sino desarrollando labores políticas o sindicales. Ello representa una erogación de 708 millones de pesos trimestrales.
Peor aún: mientras la UNESCO ha recomendado a los países destinar al calendario escolar de 850 a 1,000 horas al año, en México se asignan apenas 700 horas, sin contar con los días, semanas y hasta meses en que los profesores abandonan clases sin reponerlas.
La educación en México tiene problemas estructurales y funcionales que le impiden avanzar y cumplir con su función social a cabalidad. Existen reglas del juego que permiten la complicidad entre los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el gobierno. Estas reglas dejan en manos de la cúpula sindical el control de la carrera magisterial; eliminan la igualdad de oportunidades para ser maestro; les dan poder sobre directores y puestos de supervisión; les permiten poner, quitar o vetar secretarios de educación y controlar autoritariamente la política educativa; y cuentan con una estructura que se usa para beneficiar intereses políticos-electorales.
Este poder comienza con el acuerdo firmado entre la SEP y el SNTE en los años cuarenta (formalizado en decretos presidenciales posteriores). Ahí se establece que sólo el SNTE puede negociar las condiciones laborales de todos los maestros de México. Así, el SNTE es la representación única de los trabajadores de la educación; cuenta con una afiliación obligatoria del maestro al recibir su plaza; el gobierno recauda en nombre del sindicato las cuotas obligatorias de sus afiliados; los directores, supervisores y personal de apoyo pedagógico son considerados de base y sindicalizados; y se permite que funcionarios de la SEP dedicados a tareas de supervisión y dirección de la política educativa sean miembros del sindicato, asimilando sus usos y costumbres.
El poder de los líderes del sindicato sobre el ingreso de los maestros es enorme. Acorde con la investigadora Silvia Ortega, 92% de los docentes aseguran haber obtenido su plaza gracias al SNTE, a una relación de influencia con la autoridad, o al pago por la plaza. Solo 8% de los docentes declaró haber ingresado al sistema a través de un concurso de oposición. Cabe destacar que del porcentaje que sí concursa, lo hace a través del Examen Nacional de Habilidades y Conocimientos, cuyo diseño y aplicación estuvo en manos de un “Órgano de Evaluación Independiente” compuesto por 70 miembros con una presidencia colegiada SEP-SNTE (en la que cada instancia eligió a 45 miembros) y se declara con “autonomía técnica”. Este órgano “autónomo” decidió fijar la calificación de 3 (en una escala de 0 a 10) como la requerida para poder ser elegible como maestro dentro del sistema de educación básica.
Sobre la permanencia y promoción, la cúpula del sindicato tiene otro gran poder ya que “invariablemente todo movimiento en el escalafón se hace con el dictamen previo de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón”, conformada paritariamente por representantes sindicales y funcionarios de gobierno (sindicalizados) tal y como dice el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP firmado en el lejano año de 1946 (y que no ha sido modificado). Si un maestro quiere una plaza con mejor salario o mayores responsabilidades, requiere de una hoja firmada por esta Comisión. En esta hoja se miden sus conocimientos, su aptitud, su antigüedad, su disciplina y puntualidad a través de un sistema de puntos[1].
En este sistema hay aspectos, por decir lo menos, curiosos. Por ejemplo, si un maestro cuenta con un certificado de primaria, automáticamente se le dan 100 puntos. Si tiene licenciatura se le dan 660 puntos, y con doctorado tendrán 980 puntos; pero si hacen “otros cursos de mejoramiento” pueden acumular tantos cursos sean necesarios hasta alcanzar 1,080 puntos (sin que estos cursos sean necesariamente los idóneos para los profesores).
A su vez, en los factores de “aptitud” y “laboriosidad” se consideran acciones “sobresalientes y trascendentales de carácter educativo que redunden en beneficio de la formación integral del alumno”; “actividades de carácter extraescolar en pro del mejoramiento de la escuela y la comunidad”; y, ojo, “actividades que fortalezcan y coadyuven al mejoramiento de la vida sindical” (subrayado propio), considerando al trabajo sindical como un criterio a evaluar para determinar la promoción de los maestros. (Art. 93 del Reglamento).
El Reglamento, cuya aplicación es controlada por la cúpula del SNTE, regala 56 puntos si los maestros muestran una mínima “calidad y cantidad en el cumplimiento de la labor educacional”; y otros 56 puntos si tienen insuficiente “técnica y organización del trabajo”. Y conceden 48 puntos a los profesores si “pocas veces” muestran “observancia de los reglamentos de trabajo”, entre otras. La sangría no para ahí: el Reglamento dispensa 48 puntos si un maestro sólo asiste del 81 al 85% de las veces al aula.
Estos criterios contrastan animosamente con lo siguiente: por “escribir y publicar un libro de texto de enseñanza primaria aprobado por el Consejo Técnico de Educación”, el Reglamento de Escalafón otorga sólo 12 puntos por cada libro escrito y publicado hasta acumular 72 puntos. Por tanto, es más sencillo lograr mínima “calidad y cantidad en el cumplimiento de la labor educacional” (que da 56 puntos); o presentar el certificado de primaria (100 puntos). Voilà.
Relaciones peligrosas: los vínculos político-electorales del SNTE
Por supuesto, los líderes del SNTE tienen perfecto control sobre los expedientes y los puntajes de los profesores. Con este poder, la cúpula del SNTE controla las plazas y su mercado negro; cómo acceden, se mantienen y ascienden los trabajadores de la educación; cómo se realiza la gestión escolar; la carrera magisterial, a los supervisados, a los supervisores y a la política educativa.
Así, los líderes del SNTE han creado una eficaz maquinaria político-electoral, a tal grado que se dieron el lujo de fundar su propio partido político, el Partido Nueva Alianza (PANAL).[2]
En intercambio por el apoyo electoral que el SNTE dio a Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006 (y que le valió una cerrada victoria de 0.56% de margen), el grupo político de la cúpula del sindicato encabezado por la profesora Elba Esther Gordillo manejó presupuestos públicos por hasta 1 billón 612 mil millones de pesos sumados en los tres primeros años de Calderón (2006-2009). Sus tentáculos llegaron, según sus propias confesiones, a la Lotería Nacional, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a los jugosos préstamos de vivienda al magisterio; al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al PANAL, al tiempo de contar con políticos leales en todos los partidos, así como al menos 22 secretarías de educación en los estados y la poderosa Subsecretaría de Educación Básica federal.
Este acuerdo es una de las barreras más grandes para tener maestros mejor calificados e innovadores. Hoy, los estudiantes no son el objeto de la educación. La cúpula del SNTE está privatizando de facto la educación pública en México al controlar a los supervisados, a los supervisores, a la promoción de los maestros, y a la política educativa en su diseño, implementación y evaluación, obstaculizando, a su vez, cualquier reforma que no cuente con su visto bueno.
Urgencias y propuestas
Visto el panorama, resulta claro que es necesario cambiar estas reglas y crear un genuino Servicio Profesional Magisterial. Modificar las normas mejorará la calidad educativa; permitirá la profesionalización y la innovación: se recuperará la aportación del profesor. Mejorará la formación inicial y los procesos de evaluación de los docentes. Permitirá a los docentes (y aspirantes) concursar por las plazas con equidad y basándose en sus capacidades y desempeño. Permitirá profesionalizar la formación y el nombramiento de directores. Permitirá incrementar la autonomía escolar. Fortalecerá la participación social. Evitará la injerencia de la cúpula del SNTE en la política educativa. Permitirá la transparencia en los recursos públicos.
Para ello se constituyó la “Muévete por la Educación”, instancia ciudadana conformada por diversas organizaciones y personalidades (www.porlaeducacion.mx) que tiene como objetivo promover una gran movilización nacional, ciudadana, plural y apartidista para mejorar la calidad de la educación y cambiar el arreglo político corporativo que está afectando de raíz al sistema educativo.
La Coalición se propone exigir al Estado Mexicano que en uso de sus atribuciones establezca un nuevo marco de relaciones laborales y un nuevo conjunto de reglas que superen el acuerdo corporativo y establezcan un modelo democrático y transparente. Ello se cristalizaría en un nuevo Servicio Profesional Magisterial.
Cabe destacar que “Muévete por la Educación” fomenta el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, incluyendo su asociación y representación sindical. La movilización no tiene un sentido anti sindical y busca que se reconozca socialmente al maestro. En una frase: el magisterio es más que la cúpula del SNTE.
En particular, la “Muévete por la Educación” busca:
1. Modificar las reglas que permiten la intromisión de la dirigencia sindical en la política educativa y que le conceden de facto el derecho de veto, derogando los decretos, reglamentos y normas generados a partir del Decreto del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de 1946, que han propiciado un acuerdo político corporativo que daña al sistema educativo.
2. Promover la profesionalización del magisterio. Crear un auténtico Servicio Profesional Magisterial basado en desempeño y capacidad, que reconozca a maestros, maestras, directores y supervisores como servidores públicos, promueva su reconocimiento social y garantice sus derechos.
3. Conseguir la transparencia en los recursos públicos manejados por la cúpula del SNTE y la eliminación de los comisionados sindicales: hacer públicas todas las transferencias directas e indirectas de recursos públicos a la dirigencia sindical.
4. Promover la participación y vigilancia ciudadana para supervisar las nuevas reglas y originar la mejora de la calidad en la educación.
De esta manera, “Muévete por la Educación” busca recuperar el carácter público de la educación como un derecho y asumir la función educativa como una prioridad nacional; colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras; que los gobiernos federal y estatales asuman su responsabilidad educativa con transparencia y rendición de cuentas; promover la participación de la ciudadanía, en especial de maestros, maestras, estudiantes y padres de familia, en la gestión del proceso educativo desde las escuelas; garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y una genuina representación de sus intereses bajo principios democráticos; y evitar la injerencia de la cúpula sindical sobre el sistema educativo y en especial sobre el desarrollo de la carrera profesional del personal educativo.
25 millones de niñas y niños que forman parte del sistema de educación básica en México representan 25 millones de razones para el cambio. Sólo la educación puede transformar nuestra realidad, sólo la educación nos traerá resultados duraderos, es hora de moverse por la educación.
www.porlaeducacion.mx
Twitter: @por_laeducacion
Publicado en www.distintaslatitudes.net el dia 11 de Octubre del 2011
